Certificado de discapacidad y curador. Todo lo que hay que saber

Certificado de discapacidad y curador: cómo actuar y por qué contar con asesoramiento legal especializado

El certificado de discapacidad no exige designar un curador: acredita la discapacidad para acceder a derechos y prestaciones, pero no es una sentencia de restricción de la capacidad, ni la reemplaza, ni la presupone. En los últimos años, sin embargo, uno de los temores más frecuentes que encuentro en mis clientes al tramitar el CUD (Certificado Único de Discapacidad) es el de tener que atravesar un proceso judicial de determinación de la capacidad, con las distintas implicancias que esto conlleva para la persona y para su familia.

La exigencia aparece en lugares muy distintos: desde trámites administrativos que piden un apoyo o un curador designado judicialmente, la obra social que no acepta la firma de la persona con discapacidad o la prepaga que suspende una terapia hasta que alguien “regularice la representación”, hasta la familia a la que le dicen que, al cumplir 18 años, su hijo necesita “una insanía”. Detrás de todas sobrevuela la misma idea errónea: que una persona con discapacidad no puede decidir.

¿Qué hacer si la obra social o la prepaga te exige un curador?

Lo primero que debés saber es que no estás solo/a y tenés derechos. Actuar rápido y con acompañamiento legal evita que un requisito que la ley no impone termine demorando terapias, tratamientos o prestaciones que no pueden esperar. Por eso, desde Estudio Fainberg te guiamos en cada paso:

• Analizamos el pedido de la obra social o la prepaga y la documentación que ya tenés, para distinguir qué te pueden exigir y qué no.
• Presentamos el reclamo por escrito, con fundamento en la normativa de discapacidad y de salud mental, para que la exigencia y la negativa queden documentadas.
• Reclamamos la cobertura de las prestaciones sin que se condicione a un proceso judicial que ningún juez ordenó.
• Solicitamos medidas cautelares cuando la interrupción de un tratamiento no puede esperar los tiempos de un reclamo.
• Gestionamos, solo en los casos en que realmente corresponde, la designación de apoyos ajustados a lo que la persona necesita para actos determinados.

¿Por qué es clave tener representación legal?

Muchas veces la obra social o la prepaga sostiene que necesita un curador para “proteger” a la persona o para tener con quién firmar, y traslada a la familia la carga de iniciar un juicio. Sin embargo, el marco legal argentino protege la autonomía: el Código Civil y Comercial establece que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y que sus limitaciones son excepcionales y se imponen siempre en beneficio de la persona, y la Ley de Salud Mental 26.657 ordena partir de la presunción de capacidad y aclara que un diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. A su vez, la Ley 24.901 pone a cargo de las obras sociales, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas que necesitan sus afiliados con discapacidad, y esa discapacidad se acredita con el certificado, no con una sentencia.

Desde nuestro estudio, abordamos estos casos con un enfoque claro: discapacidad no es incapacidad, y promover un proceso judicial no puede ser un requisito impuesto para acceder a las prestaciones de salud que una obra social o prepaga está obligada a brindar.

Ejemplos frecuentes de exigencias indebidas con el certificado de discapacidad:

• La prepaga me pide un curador para cubrir las terapias
• La obra social no acepta la firma de una persona con discapacidad mayor de edad
• Me dicen que tengo que iniciar una insanía porque mi hijo cumplió 18 años
• Piden sentencia de capacidad para autorizar una prestación con CUD vigente
• Suspenden la cobertura hasta “regularizar la representación legal”
• Exigen un apoyo judicial para presentar una solicitud o un reintegro

¿Cuándo consultar a un estudio jurídico?

Lo antes posible. Si la obra social o la prepaga condiciona una prestación a la designación de un curador, si te sugirieron iniciar un proceso de capacidad para seguir con un tratamiento o si tu hijo o hija con discapacidad está por cumplir 18 años y no sabés qué cambia, conviene consultar antes de dar cualquier paso judicial.

Para eso es clave documentar todo lo ocurrido: el certificado de discapacidad vigente, las indicaciones médicas actualizadas y por escrito, los pedidos presentados, las notas, mails o formularios donde figure la exigencia de un curador o de una sentencia, y las respuestas de la obra social o la prepaga.

En Estudio Fainberg te ofrecemos una primera consulta para que puedas conocer tus derechos y decidir cómo avanzar.

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Preguntas frecuentes

¿Tener certificado de discapacidad significa ser incapaz?

No. El certificado acredita la discapacidad para acceder a derechos y prestaciones, y no restringe la capacidad ni la presupone. La capacidad solo puede limitarse por sentencia judicial, de manera excepcional y siempre en beneficio de la persona.

¿Qué diferencia hay entre un apoyo y un curador?

El apoyo es cualquier medida, judicial o extrajudicial, que facilita a la persona la toma de decisiones: la persona sigue decidiendo, con ayuda. El curador, en cambio, la representa, y el Código Civil y Comercial lo reserva para el caso excepcional en que la persona está absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio, y el sistema de apoyos resulta ineficaz.

¿Hay que hacer una insanía cuando un hijo con discapacidad cumple 18 años?

No de manera automática. Cada caso tiene su singularidad: hay situaciones en las que conviene designar apoyos para actos determinados y otras en las que no hace falta ningún proceso. Lo que no corresponde es iniciarlo solo porque lo pide la obra social o la prepaga.

¿Una sentencia que restringe la capacidad es para siempre?

No. El Código Civil y Comercial establece que el juez debe revisarla en un plazo no superior a tres años, y la persona interesada puede pedir su revisión en cualquier momento.

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Sobre la autora: la Dra. Silvina Lorena Fainberg (CPACF T° 90 F° 466) es directora de Estudio Fainberg & Asociados, en Caballito, CABA. Tiene más de 20 años de ejercicio, promueve amparos de salud desde 2005 y defiende a consumidores frente a bancos, billeteras virtuales y plataformas de juego online. Cursó la especialización en Derecho de Daños de la UBA y es fundadora de defendetusalud.com.ar.

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